La ONU acusa a Birmania de «limpieza étnica» contra los Rohingya.

Las promesas de reconciliación nacional aventuradas por la dirigente birmana, la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, cuando llegó al poder en las históricas elecciones del pasado año se diluyen a golpes de realidad. La nueva oleada de violencia contra los rohingya, minoría musulmana en un país de mayoría budista, cuyos derechos son sistemáticamente negados para desmayo de organizaciones internacionales e indiferencia de las autoridades locales, ha llevado al responsable del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la localidad bangladeshí de Cox’s Bazar, John McKissick, a denunciar una campaña de «limpieza étnica» promovida por el Ejecutivo de Naypyidaw para expulsar a los musulmanes. Los rohingya son considerados por Birmania inmigrantes ilegales de Bangladesh, pese a llevar viviendo varias generaciones en el país surasiático.

En declaraciones a la BBC, McKissick aseguró que las Fuerzas Armadas birmanas, que emprendieron el 9 de octubre una sangrienta operación militar en el estado de Rakhine tras una operación de insurgencia en la que fueron asesinados nueve uniformados, «han lanzado un castigo colectivo contra la minoría rohingya». «Disparan a los hombres, los matan, masacran niños, violan mujeres, queman y saquean hogares y fuerzan a esa gente a cruzar el río» hasta Bangladesh, detalló el funcionario internacional. «Ahora es muy difícil para el Gobierno bangladeshí decir que la frontera está abierta porque eso animaría incluso más al Ejecutivo birmano a continuar sus atrocidades y empujar a los rohingya hasta alcanzar su principal objetivo: la limpieza étnica de la minoría musulmana de Birmania», añadió.

Los rohingya, un millón de habitantes, son objeto de una histórica campaña de violencia antimusulmana relanzada en 2012 por el Movimiento budista extremista 969, liderado por el monje Ashin Wirathu -quien se define como el Bin Laden budista- y adoptada como política propia por el Ejecutivo central, generando 100.000 desplazados. Unos 140.000 rohingya han sido confinados en guettos y campos de desplazados donde sobreviven en condiciones infrahumanas y sin derechos tan básicos como el de libre movimiento.

Tras la operación insurgente del distrito de Maungdaw el mes pasado, la respuesta del Tatmadaw (Ejército) ha sido el episodio de violencia más grave de los últimos cuatro años. Según imágenes satélite obtenidas y analizadas por Human Rights Watch, unas 1.200 casas han sido incendiadas en poblados rohingya en las últimas seis semanas en incursiones donde se han cometido graves abusos como violaciones en grupo, torturas y ejecuciones sumarias, según testimonios de supervivientes que han escapado hacia el vecino Bangladesh. En declaraciones a AFP, uno de ellos, Mohammad Ayaz, relató cómo los soldados atacaron su poblado y asesinaron a su mujer, embarazada. «Mataron a disparos a mi esposa, Jannatun Naim. Tenía 25 años y estaba embarazada de siete meses. Yo me escondí en un canal con mi hijo de dos años, herido por una ráfaga». Según Ayaz, en aquella jornada hubo 300 muertos en el mercado, decenas de mujeres fueron violadas, algunas en grupo, y unas 300 casas fueron incendiadas. Sin embargo, las estimaciones que manejan los activistas reducen la cifra de víctimas mortales a 86 y hablan de cientos de detenciones.

Las autoridades de Dacca estiman que unos 30.000 rohingya han huído de sus poblados por miedo al Tatmadaw, generando un flujo masivo de refugiados en Bangladesh. «Pese a nuestros esfuerzos para evitar su entrada, miles de desesperados ciudadanos birmanos, incluidos mujeres, niños y ancianos, continúan cruzando la frontera», ha asegurado un portavoz del Ministerio de Exteriores. «Otros miles aguardan en los cruces fronterizos», añadió el oficial bangladeshí. El martes, Bangladesh obligó unos 20 barcos ocupados por rohingya a regresar a Birmania para consternación de los refugiados: siete de ellos murieron ahogados, según testigos citados por la prensa internacional, en un intento de cruzar el río a nado para escapar. Ayer, según la agencia Efe, otros siete barcos sufrieron la misma suerte.

Aunque la política oficial de Bangladesh (donde residen unos 500.000 rohingya de forma irregular) es no aceptar refugiados -Amnistía Internacional denuncia que los Guardias de Fronteras bangladeshíes han detenido y deportado en las últimas semanas a «centenares» de rohingya– el Gobierno de Dacca ha asegurado que han sido aceptados miles de musulmanes birmanos en los últimos días, y ha convocado al embajador bangladeshí en Birmania para expresar su «profunda preocupación» por las operaciones militares en Rakhine.

En un comunicado emitido el miércoles, el Ejecutivo exigía a Naypyidaw que «adopte medidas urgentes y apropiadas para que las minorías musulmanas no sean forzadas a refugiarse del otro lado de la frontera». A juicio del director de ACNUR en Cox’s Bazar, ciudad costera y destino natural de los refugiados rohingya -allí, los campos de Kutupalong y Nayapara albergan a 33.000 refugiados– Dacca tendrá que cambiar su política. «Por muy difícil que sea asistirles y protegerles, creo que el Gobierno de Bangladesh no tiene otra opción, ya que la alternativa es la muerte y el sufrimiento», afirmó.

Palos y cuchillos

El Ejecutivo de Naypyidaw, que vincula a los insurgentes rohingya que asaltaron con palos y cuchillos tres puestos fronterizos a principios de octubre con el ISIS- asegura estar llevando a cabo operaciones antiterroristas, afirma que todas las víctimas mortales son combatientes, aduce que los rohingya prenden fuego a sus propias viviendas «para llamar la atención internacional» y rechaza las acusaciones de violación alegando que las mujeres rohingya «son muy sucias». El Gobierno birmano ha prohibido el acceso de periodistas y cooperantes a las zonas afectadas, por lo que resulta difícil contrastar la información oficial o las denuncias de los activistas. La ayuda humanitaria de la que dependen unas 150.000 personas ha sido suspendida desde que comenzó la operación militar, hace ya 40 días. La ONU ha advertido que 3.000 niños malnutridos corren riesgo de morir de forma inminente si no se les da ‘luz verde’ para introducir medicamentos y alimentos.

La situación es tan alarmante que se están produciendo manifestaciones en países musulmanes vecinos como Malasia, Indonesia Bangladesh en contra de la política de Birmania, que argumenta que los rohingya están quemando sus propias casas para «atraer la atención internacional» y culpa a los medios de comunicación de distribuir «mentiras fabricadas por los lobbies rohingya». La rama juvenil del partido malasio Umno, en el poder, ha convocado una manifestación hoy frente a la Embajada birmana en Kuala Lumpur para exigir el fin de la violencia en Rakhine y ha pedido al Ejecutivo la retirada del equipo nacional de fútbol del Campeonato de Fútbol de la ASEAN que se celebra en Birmania, algo que está siendo seriamente estudiado por las autoridades, según confirmó el ministro de Deportes y Juventud, Khairy Jamaluddin, en su cuenta de Twitter.

La Nobel, ‘decepcionada’

En Dacca, decenas de miembros de la Asociación Cultural Islámica participaron en protestas contra el «genocidio» en Rakhine y exigieron una respuesta internacional. En Indonesia fueron centenares quienes enarbolaron pancartas con la frase Paren el Genocidio Musulmán frente a la Embajada birmana de Yakarta. Incluso la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Nicole Thompson, ha expresado su preocupación por «las informaciones sobre la violencia y el desplazamiento en curso en el estado norteño de Rakhine» y ha exigido una investigación independiente, en lo que es percibido como una presión poco frecuente hacia la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi, quien se niega, como el resto de los birmanos, siquiera a llamar a la comunidad rohingya por su nombre.

Para la Nobel de la Paz, que nunca ha defendido los derechos de la comunidad musulmana de su país, es difícil responder a las críticas internacionales sin enfrentarse al todopoderoso Tatmadaw, y tras 25 años de Junta militar necesita el respaldo del Ejército para gobernar. En las últimas seis semanas Suu Kyi había mantenido un terco silencio, evitando incluso conferencias de prensa. El pasado miércoles rompió esa dinámica para expresar su «decepción» por los combates que se suceden desde hace seis días en el Estado de Shan entre el Ejército y una alianza de guerrillas de cuatro minorías étnicas -el Ejército de Independencia Kachin (KIA), las milicias de la minoría Taang y los Kokang y los paramilitares del Ejército de Arakan- y exigir a los tres primeros que se integren en el proceso de reconciliación nacional Conferencia Panglong Siglo XXI que impulsó el pasado agosto, en el que participaron 18 de 21 grupos armados birmanos.

Estos últimos combates, que ya se han cobrado nueve víctimas, una treintena de heridos y 5.000 desplazados, tienen lugar en la frontera con China, país que ha puesto a sus tropas en estado de alerta máxima en la zona. «Justo cuando el pueblo de Birmania se esfuerza para lograr una paz y reconciliación nacional que les ha sido esquiva en el pasado, es extremadamente decepcionante y triste que se hayan instigado estos incidentes», dijo Suu Kyi el miércoles en un comunicado publicado por el diario Global New Light of Myanmar, donde no había referencia alguna a la violencia contra la comunidad rohingya.

http://www.elmundo.es/internacional/2016/11/25/5837c2dd468aeb822d8b4652.html